Dicha instancia tiene como objetivo realizar seguimiento a la implementación de la Política, vigente desde el año 2017, tanto en lo referido al modelo de atención para las personas afectadas, como a las acciones de prevención definidas en la misma. En esta oportunidad, la instancia se dio cita con las nuevas autoridades, donde se hizo un recuento de los avances en la materia, destacando especialmente el fortalecimiento de la institucionalidad universitaria en la materia.
Las autoridades de las unidades asociadas a la gestión del modelo de atención e investigación, encabezadas por la prorrectora, Alejandra Mizala; la vicerrectora de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, Josiane Bonnefoy; la directora Jurídica, Liliana Galdámez; el coordinador (s) de la Unidad de Investigaciones Especializadas (UIE), Juan Carlos Gimeno; la directora de Salud Estudiantil, Viviana Guajardo; la Directora de Igualdad de Género, Carmen Andrade, y la encargada de la Oficina de atención de la DIGEN, Marisol Berríos, se dieron cita este mes de julio.
En esta oportunidad la cita se realizó para hacer un recuento de los avances en la materia, destacando especialmente el fortalecimiento de la institucionalidad universitaria que brinda atención especializada a las personas afectadas (la red de Primera Acogida de las Facultades, la Oficina de atención de la DIGEN y el equipo de género de la Unidad de salud mental de SEMDA); y la que realiza las investigaciones de las denuncias (la Unidad de Investigaciones Especializadas de la Dirección Jurídica).
La prorrectora Mizala destacó que “si bien hay importantes avances, es fundamental preguntarse cómo está funcionando la implementación de la política, e identificar los espacios de mejora; en particular, en lo que se refiere al tiempo que duran las investigaciones. Esta comisión se ha puesto como una de sus tareas principales detectar los nudos a resolver para agilizar estos procesos”.
A esto también se refirió Josiane Bonnefoy, Vicerrectora de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, para quien “es muy importante que además de crear las políticas y herramientas, podamos velar porque estas sean eficientes y estén al servicio de nuestra comunidad, para que no queden solo en el papel. Hemos hecho una evaluación para ver cómo funcionan y por supuesto que podemos mejorar y actuar de manera más rápida en esta materia”.
Una de las medidas que se han tomado para solucionar esta problemática, es la ampliación del equipo de la UIE, con cinco nuevos profesionales, quienes se suman para potenciar el trabajo de la unidad, que hoy cuenta con 15 fiscales/as y actuarios/as en total.
Para continuar con este trabajo, la Comisión de seguimiento continuará reuniéndose de forma periódica, para hacer más sincrónicos los elementos que están contenidos en el protocolo y garantizar la implementación efectiva de la Política.
En este sentido, Carmen Andrade, directora de Igualdad de Género, indicó que “el seguimiento de cualquier Política, y de ésta en particular, es una tarea fundamental para ir registrando los avances y los problemas que surgen, pero sobre todo para tomar medidas que permitan enfrentarlos. Se trata de un trabajo coordinado y colaborativo, que busca, en última instancia, cumplir con los objetivos de atención y garantizar los derechos de las personas que han vivido situaciones de acoso y/o violencia de género”.
Finalmente, Liliana Galdámez, directora Jurídica, destacó que “si bien se ha avanzado mucho, aún existen grandes desafíos, y este intercambio de conocimientos y experiencias contribuye a coordinar mejor los esfuerzos, y dar solución a los problemas detectados”.
Cabe recordar que la Política de Prevención del Acoso Sexual, busca abordar la complejidad del problema, lo que requiere de una estrategia de intervención integral, cuyos ejes son la prevención, la formación y capacitación, la atención reparatoria de las personas afectadas y la investigación del acoso sexual y la violencia de género en el contexto universitario.
Para esto, se han realizado diversas acciones orientadas a enfrentar las pautas culturales en las que radican las causas del acoso sexual, a través de procesos de información, sensibilización y formación de actitudes y prácticas antidiscriminatorias, como también, las manifestaciones concretas del problema, por medio de asistencia especializada a las víctimas para resguardar los derechos de las personas involucradas.
